Por Fernando Borda Castilla.
Todas las organizaciones se construyen sobre una visión, pero luego crecen sobre valores. Se pueden mencionar muchos de ellos, pero cuando se trata de poner el hombro por el compañero con el que trabajamos día tras día, hacer un esfuerzo adicional al que nos corresponde o apoyar a quienes lideran el ‘barco’ en momentos de crisis, surge un valor del cual depende el éxito de las metas: la lealtad.
Colombia tiene un largo historial de ejemplos en los que este valor ha sido pisoteado con nefastas consecuencias, pero también hay casos en los que el talante de anónimos ciudadanos y líderes imprescindibles fueron claras muestras de lealtad.
Cuando la Universidad Autónoma del Caribe dio el timonazo hace ya cuatro años, se refundó una institución que fue construida sobre la buena fe y el compromiso de educar, no de amasar fortunas ni de servir a intereses mezquinos. Sería absurdo que hoy en día este centro educativo no sea coherente con aquella proyección que hicieron los fundadores hace cinco décadas.
Ser leal es ser transparente, comprometido y bienintencionado. Es no torpedear procesos. Es apoyar lo que se haga por 12.000 estudiantes cuyas familias confiaron el futuro de sus hijos a lo que representa Uniautónoma.
Cuando un empleado se presta a difamaciones escudándose en el anonimato de una red social, por ejemplo, no sólo va en contravía de lo que se espera de él como miembro de una organización, sino que incurre en delitos cuya consecuencia menor es el despido, pues también alcanza a arañar el terreno de lo penal, con las consiguientes implicaciones para su vida laboral y personal.
Sobre eso la Corte Constitucional ya se expresó con suficiencia en la Sentencia T-050/16:
“(…) lo publicado en redes sociales está amparado por la libertad de expresión, pero también está sujeto a los límites que antes se mencionaron, implicando que las manifestaciones difamatorias, groseras e insultantes, entre otras, no se encuentran bajo la protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por los instrumentos internacionales que la consagran. También, como se observó, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites, se aplica a internet y las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación”.
Una universidad no está exenta de estas situaciones. Ocurrió recientemente en Uniautónoma con tres funcionarios que cometieron prácticas desleales y que debieron ser separados de sus cargos. Son decisiones que nadie quisiera tomar, pero que se hacen imperiosas porque ponen en peligro a sus propios compañeros y a la estabilidad de una institución cuyo patrimonio es la reputación y el prestigio.
Se trata, en últimas, de la salvaguarda y protección del patrimonio de una organización que presta un servicio público, no de una factoría de artículos en serie, por lo tanto, cualquier cosa que atente contra esa labor diaria de acompañamiento en el camino del aprendizaje de miles de jóvenes, debe ser tratada con apego a la ley pero, sobre todo, con prontitud.
Como jurista he conocido muchos casos en los que se atenta contra el buen nombre de una institución, de un ciudadano del común o de una figura pública. En esos casos actúa la ley. Pero como persona he conocido también ejemplos de lealtad de muchos que en situaciones de apremio, de crisis o de ataques de fuerzas oscuras, sacan lo mejor de su humanidad y demuestran una lealtad a toda prueba. De esos hay muchos en esta ciudad y miles trabajando en las aulas, las oficinas y los laboratorios de nuestra universidad. A ellos los invitamos a seguir siendo ejemplo de grandeza.




